La juez
venezolana María Lourdes Afiuni cumplió con la ley y Hugo Chávez la hizo
encarcelar. Afiuni tenía que pronunciarse sobre un detenido que llevaba tres
años de prisión preventiva, el empresario Eligio Cedeño. La ley establecía un
máximo de dos, de manera que lo puso en libertad, como era su deber. Chávez la
insultó y aseguró que Bolívar la hubiera fusilado. Él se limitaba a encerrarla
en una cárcel que es algo así como la casa del Marqués de Sade.
Una vez en
esa horrible prisión, algunos guardias violaron a la juez, resultó embarazada y
perdió a la criatura. La señora tiene casi 50 años. Luego padeció cáncer y fue
operada. Ante esa circunstancia, la condenaron a arresto domiciliario. Pero,
para que no olvidara quién manda en el país, los chavistas atacaron a tiros el
edificio en el que vive. Milagrosamente, nadie salió herido. En Ecuador, el
presidente Rafael Correa asegura que, como es el jefe del Estado, también es la
cabeza del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Nadie le explicó nunca que
la clave del modelo republicano es la separación de poderes, los límites
legales de la autoridad y el imperio de la ley. Por eso no le parecía extraño
ni repulsivo que la sentencia que lo favorecía en su pleito contra el diario El
Universo hubiera sido redactada por su propio abogado. Él es el dueño de la
justicia.
Daniel
Ortega, el presidente de los nicaragüenses, pone y quita jueces a su antojo.
Escapó de la acusación de haber violado a su hijastra con la complicidad de un
juez provisional que actuó con la velocidad de un carterista. Fue absuelto y
liberado en una tarde inesperada y vertiginosa. Para Ortega, el Poder Judicial
no es una rama esencial del gobierno de la república, sino un instrumento de
control político.
En Bolivia
sucede algo parecido. El presidente Evo Morales tiene (y ejerce) la potestad de
nombrar a su antojo jueces y magistrados. En una oportunidad colocó a 18 de
ellos en un mismo día. Lo llamó una revolución judicial. Antes había demostrado
lo que realmente cree de las leyes cuando les explicó a sus abogados que era
función de ellos adaptar las normas a las decisiones que él tomaba. ¿No eran
letrados? A él le tocaba hacer las trampas y a los abogados adaptar las leyes.
Cuba es más
sincera en este tema. Como parte de la tradición soviético-comunista, no se
anda con memeces republicanas. La Constitución es muy clara: el Partido es la
única fuente legítima de autoridad. El resto de las instituciones son bagazo de
caña. El sistema judicial cubano se controla desde el Ministerio del Interior,
especialmente en cualquier conflicto que roce la ideología, y las sentencias se
dictan en función del interés político coyuntural. Un individuo puede ser
condenado por los mismos hechos a 30 años, a 30 meses o a 30 días, de acuerdo
con los intereses de la policía. Al general Ochoa y al coronel Antonio de la
Guardia, por ejemplo, los fusilaron en 1989 como parte de una estrategia
encaminada a liberar a Fidel y Raúl Castro de la sospecha de que el
narcotráfico era una tarea que tenía la aprobación del gobierno cubano. El
código penal establecía seis años por el delito imputado, pero la inocencia de
los jefes era más creíble si ejecutaban a los subalternos. Los mataron al
amanecer.
¿Qué es el
Socialismo del Siglo XXI? Una buena definición podía ser ésta: es un modelo de
Estado en el que el Poder Judicial sirve para perpetuarse en el gobierno, para
perseguir a los adversarios y para cercenar las libertades. Lo que ignoran
quienes ejercen la autoridad de esta manera brutal e inescrupulosa es que la
destrucción de la independencia de los jueces puede convertirse en un peligroso
bumerán en el instante en que el viento modifique su dirección. Cuando los
jueces no obedecen las leyes, sino a los hombres, se comportan como los perros
de presa. En el momento en que la correa cambia de manos, atacan a los antiguos
amos.
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